Las autoridades chihuahuenses reestructuran su deuda y modernizan procedimientos para estabilizar las finanzas del estado y evitar errores pasados.
A las 9:30 de la mañana, representantes de las seis fuerzas políticas del Congreso del Estado de Chihuahua participaron en una comparecencia clave sobre el Paquete Económico 2024. La reunión, que incluyó exposiciones y sesiones de preguntas, marcó el primer acercamiento oficial para analizar la situación financiera del estado.
Durante la comparecencia, el secretario de Hacienda y Administración Pública, Luis Granillo Vázquez, abordó el aumento de la deuda estatal, que en 2021, al llegar a su administración, superaba los 74 mil millones de pesos. Parte de este endeudamiento correspondía a pasivos circulantes, como adelantos y pagos pendientes, que complicaban la gestión financiera.
Granillo Vázquez explicó que, en respuesta a estos retos, se identificó la necesidad de obtener más de nueve mil 200 millones de pesos en recursos adicionales, equivalentes al 15% del presupuesto de ese primer año de gobierno. Como estrategia, se implementaron medidas de reestructuración de la deuda y cambios en normativas y procedimientos administrativos, siguiendo la instrucción de la gobernadora Maru Campos Galván de “poner orden en la casa”.
Este proceso de saneamiento financiero responde a un contexto más amplio de esfuerzos en varios estados de México por consolidar sus finanzas tras periodos de endeudamiento alto y decisiones de gasto polémicas. La reestructuración busca no solo estabilizar las finanzas, sino también sentar bases sólidas para una gestión más responsable y transparente en el futuro cercano.
Este tipo de ajuste es crucial en un escenario en el que las entidades estatales enfrentan presiones económicas y demandas sociales por mayor inversión en servicios públicos. La reingeniería de la deuda y las mejoras en gestión administrativa son pasos clave para garantizar la sustentabilidad financiera y la continuidad de programas sociales y de inversión pública.
En este contexto, la acción del gobierno de Chihuahua refleja un compromiso con la estabilización económica, ajustándose a las mejores prácticas nacionales e internacionales en administración pública y finanzas públicas.