El estado ha recibido menos recursos del federal desde 2015, mientras asume gastos adicionales en salud, infraestructura y justicia para mantener sus servicios esenciales.
Chihuahua ha experimentado una significativa disminución en la transferencia de recursos federales en los últimos años, enfrentando recortes que afectan áreas clave como salud, infraestructura y desarrollo rural. Entre 2015 y 2024, los fondos destinados a la entidad en diferentes rubros, como salud pública, seguridad social y obras de infraestructura, han registrado reducciones importantes, en algunos casos superiores al 65%.
A pesar de estos recortes, el gobierno estatal ha asumido gastos adicionales que corresponden a reformas legislativas nacionales, como las reformas laboral y judicial, por un monto superior a los 1,6 mil millones de pesos. Esta situación ha obligado a la administración local a fortalecer su presupuesto en áreas fundamentales como justicia laboral, salud, carreteras y atención a emergencias ambientales.
En un contexto más amplio, estos cambios reflejan una tendencia a nivel nacional: los recortes en transferencias y fondos federales impactan directamente en la capacidad de los estados para mantener y mejorar sus servicios públicos. La administración de Chihuahua sostiene que, para sostener el crecimiento y modernización de su infraestructura, será necesario buscar mecanismos propios de financiamiento que complementen la escasa ayuda federal, especialmente en un escenario de reducción de recursos.
El presupuesto propuesto para 2026, con una inversión de más de 117 mil millones de pesos, prioriza educación, seguridad y salud, en un esfuerzo por mantener la atención a los servicios básicos y responder a las demandas sociales ante un entorno de recursos limitados.
Este panorama evidencia un reto importante para las entidades federales en México: equilibrar las necesidades de desarrollo social con la continuidad de los programas y servicios básicos, en un contexto de estrechez presupuestal nacional.