La iniciativa permite al Ejecutivo otorgar indultos en casos específicos, beneficiando a menores, adultos mayores y pacientes con enfermedades graves.
En una sesión reciente, el Congreso de Chihuahua aprobó una reforma al Código Penal del estado para establecer una Ley de Indulto destinada a delitos del fuero común. La nueva legislación otorga al mandatario estatal la facultad de otorgar beneficios de gracia en circunstancias específicas, como riesgo para la salud, edad avanzada o vulnerabilidad social.
Este mecanismo se podrá aplicar a personas con sentencias definitivas que no representen un peligro para la comunidad, siempre que hayan demostrado un proceso de reinserción social y no hayan cometido delitos graves como feminicidio, secuestro o corrupción. Además, la ley contempla que la solicitud sea realizada por los propios condenados, sus familiares o defensores legales, sometiéndose a un proceso de evaluación por un Comité Técnico conformado por autoridades judiciales y de seguridad pública.
El contexto de esta iniciativa responde a la necesidad de ofrecer opciones de clemencia a sectores vulnerables, especialmente en un momento donde los sistemas penitenciarios enfrentan desafíos en la reinserción social y protección de derechos humanos. La implementación del indulto busca equilibrar la justicia con la atención a las condiciones particulares de los individuos, priorizando criterios sociales y de salud.
La regulación garantiza que cada caso sea analizado con base en parámetros socioeconómicos, gravedad del delito y impacto en la comunidad. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, que se realiza cada miércoles y sábado, promoviendo un marco normativo más justo y humanitario en el sistema penitenciario de Chihuahua.