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Chihuahua

Legisladores de Chihuahua enfrentan reto en votación contra Ley de Extorsión

Por Redacción1 min de lectura
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Un diputado del PRI desafía a senadores de Chihuahua a votar en contra de la normativa que podría revivir amenazas económicas en la estado, tras una historia problemática en 2009-2013.

En un llamado abierto a sus colegas en el Senado, un legislador de la Cámara de Diputados evidenció su preocupación por la reciente aprobación en el Congreso Federal de la Ley General de Extorsión, iniciativa que aún está en proceso de revisión en la instancia superior. La propuesta legislativa, impulsada por Morena y sus aliados, busca fortalecer las acciones en contra de este ilícito, sin embargo, ha generado inquietudes en Chihuahua, debido a su historia marcada por olas de extorsiones que afectaron severamente a comerciantes y negocios locales entre 2009 y 2013.

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) instó a los senadores de Chihuahua, incluyendo a actores relevantes como Javier Corral, Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, a votar en contra de la iniciativa. Argumentó que el estado no debe volver a experimentar situaciones similares, particularmente en regiones donde la economía local sufrió daños significativos por actividades delictivas relacionadas con extorsiones.

Es importante destacar que la legislación en materia de seguridad pública continúa en discusión en el Senado y aún puede ser modificada. La propuesta busca establecer mecanismos más efectivos para prevenir y sancionar la extorsión en todas las entidades del país, considerando las dificultades que enfrentaron jurisdicciones como Chihuahua en el pasado. La historia de la región, marcada por medidas que impactaron el comercio formal, hace que expertos consideren necesaria una revisión cuidadosa de las reformas propuestas para evitar efectos adversos.

En ese contexto, el legislador federal resaltó que el debate y las ajustes en la ley aún están abiertos, y que la participación activa de los actores locales será clave para definir su futuro, con la finalidad de proteger tanto los derechos de los ciudadanos como la estabilidad económica regional.

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