Académicos, médicos y líderes sociales alertan sobre la desigualdad en recursos federales y la falta de apoyos esenciales en zonas rurales del estado.
En Chihuahua, la insuficiencia de recursos y la desigualdad en la distribución de fondos federales generan un impacto negativo en la prestación de servicios básicos. La comunidad médica, junto con sectores productivos y sociales, ha hecho un llamado urgente para reorientar la inversión pública hacia las zonas más vulnerables del estado, especialmente en salud y infraestructura rural.
A pesar de los compromisos del gobierno federal para incrementar los salarios de médicos, policías y docentes, numerosos centros de salud en comunidades rurales enfrentan carencias en personal, insumos y equipamiento esenciales. Este rezago en la infraestructura sanitaria limita el acceso a atención de calidad para quienes más lo requieren, poniendo en evidencia la necesidad de un compromiso mayor con el desarrollo regional.
La problemática se agrava ante la concentración de recursos en proyectos de gran escala como el Tren Maya, Pemex y programas de infraestructura en otras regiones del país. Datos recientes revelan que, desde 2018, Chihuahua ha perdido más de 24 mil millones de pesos en fondos que fueron destinados a apoyar a su comunidad agrícola y a sus municipios, afectando la producción local y la economía familiar. La desigualdad en la asignación de fondos reflejada en estos recortes contrasta con la significativa inversión en proyectos como el Tren Maya, que suma más de 520 mil millones de pesos, demostrando una distribución desigual de los recursos nacionales.
Expertos y representantes del sector público señalan que, aunque ha habido incrementos presupuestales en áreas como salud, estos no serán suficientes para cubrir las necesidades urgentes en hospitales rurales o para garantizar el abasto de medicamentos. Además, las cifras en seguridad muestran que la mayor parte del gasto se destina a militarización, dejando de lado programas preventivos y de protección ciudadana que podrían reducir la violencia y mejorar la calidad de vida en comunidades marginadas.
En respuesta a esta situación, legisladores del Partido Revolucionario Institucional proponen una estrategia de reasignación presupuestal que priorice las áreas más desfavorecidas. Entre las acciones propuestas destacan el fortalecimiento de carreteras estratégicas, como las conexiones Chihuahua–Juárez y Ojinaga, y la mejora de unidades médicas rurales. La intención es redistribuir recursos provenientes de proyectos emblemáticos, como el Tren Maya y Pemex, hacia proyectos agrícolas, caminos rurales y el sistema de salud local.
Este movimiento busca reflejar en la política de gastos la realidad de un estado que, a pesar de su importancia económica y estratégica, continúa enfrentando desigualdades en el acceso a servicios básicos y en el crecimiento económico. El compromiso de los representantes locales es que Chihuahua reciba un trato justo y dignidad para su población, que trabaja arduamente en un contexto de abandono y desigualdad.
Finalmente, las autoridades y representantes de la sociedad civil reafirmaron su respaldo a los sectores esenciales del país, enfatizando que médicos, maestros, policías y militares no están solos en su lucha por mejores condiciones laborales y sociales. La prioridad es que la distribución de recursos responda a los verdaderos desafíos que enfrenta el estado, generando un desarrollo más equitativo y sustentable.