El análisis 2024 detecta omisiones, pagos indebidos y obras sin planos, poniendo en riesgo la transparencia y el uso de recursos públicos en el Poder Judicial.
En la revisión financiera del ejercicio 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, se identificaron múltiples irregularidades, incluyendo la omisión de transferencias importantes a la Secretaría de Hacienda y transferencias no ejecutadas de recursos de obra comprometidos en 2024. La auditoría reveló que más de 100 millones de pesos del año fiscal 2023 no fueron reportados ni devengados, lo que evidencia posibles fallas en la gestión financiera.
Además, se detectaron pagos excesivos en contratos de fotocopiado y servicios de limpieza, sin la documentación adecuada de altas en el Seguro Social de los trabajadores, así como la falta de planos y análisis técnicos en obras de ampliación y remodelación en diferentes sedes judiciales. Se resalta también la transferencia de 41 millones de pesos a un fondo auxiliar, monto que corresponde a recursos de obra no devengados y comprometidos, sin una justificación clara para su reorientación.
No solo las anomalías financieras resultaron en recomendaciones para investigar posibles responsabilidades, sino que también las obras públicas enfrentan cuestionamientos por su planeación deficiente, falta de planos, y pagos por volumen mayor al ejecutado. La situación refleja la necesidad de fortalecer los controles internos y la transparencia en la administración de recursos en el sistema judicial estatal, crucial para garantizar la confianza pública y la eficiencia en la infraestructura judicial.
Diversas obras, como la ampliación del Archivo de Concentración y la construcción de centros familiares, no acreditaron contar con documentación técnica fundamental, lo que limita la supervisión y control sobre estas inversiones. La auditoría también encontró pagos por servicios que no cumplieron con los requisitos legales, poniendo en evidencia fallas en los procedimientos administrativos y contractuales del órgano judicial.
Este conjunto de hallazgos refuerza la importancia de fortalecer la fiscalización y la gestión pública en instituciones clave, particularmente en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son prioritarias para la ciudadanía y las autoridades encargadas de administrar justicia.