Legisladores piden un informe exhaustivo sobre la supervisión y cumplimiento de requisitos en centros de atención a adultos mayores ante un reciente homicidio en un albergue de la región.
Durante la más reciente sesión de la Segunda Diputación Permanente en Chihuahua, las autoridades locales solicitaron un análisis detallado de las condiciones y controles en los centros de atención a adultos mayores tras conocerse un incidente grave en un albergue de la región. En el evento, un trabajador de un centro de asistencia, identificado como Sergio Otoniel P., de 39 años, perpetró un acto violento que resultó en la muerte de una persona residente del mismo alojamiento.
El Ministerio Público explicó que la agresión se llevó a cabo con un arma blanca, dejando heridas fatales en la víctima antes de que el agresor fuera capturado por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Chihuahua. Los legisladores manifestaron su preocupación al señalar que este hecho no parece ser un caso aislado, sino una muestra de fallas existentes en los mecanismos de supervisión y protección de los adultos mayores en estos centros.
En respuesta, un grupo de legisladores instó a las autoridades responsables a aplicar las disposiciones de la Ley de Derechos de las Personas Mayores, específicamente en lo relativo a la verificación de requisitos y condiciones de operación de los albergues. Entre las preguntas planteadas, se solicitó información sobre el número de centros con autorización vigente, los criterios de sus seguros y las inspecciones periódicas realizadas, así como las medidas para atender y resolver las quejas de los residentes.
Adicionalmente, se cuestionó la situación de cumplimiento del centro involucrado en el incidente, así como los protocolos y manuales vigentes para el personal encargado del cuidado. La demanda incluye también una revisión de la colaboración entre las instituciones estatales y la Procuraduría de Justicia para fortalecer la protección y prevenir futuras tragedias en estos espacios.
Este evento ha reavivado la discusión sobre la necesidad de reforzar la regulación y vigilancia de los asilos, para garantizar la seguridad y dignidad de las personas que confiaron en estos centros en sus últimos años de vida, en un contexto en el que la población envejece rápidamente y requiere garantías de protección efectiva.