Chihuahua, Chihuahua. – A pesar de los esfuerzos y avances en la cobranza del impuesto predial por parte del municipio de Chihuahua, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha sostenido observaciones significativas respecto al crecimiento del rezago, la baja recuperación y el incumplimiento normativo. Según los informes de la cuenta pública 2024, el rezago ha experimentado un aumento del 12.60%, con un saldo total por cobrar que asciende a más de 2 mil millones de pesos.
El municipio ha argumentado que dicho rezago se debe a factores jurídicos y técnicos complejos, como litigios en curso y la apelación de grandes deudores como FERROMEX y Citadel, quienes tienen medios de defensa legal pendientes de resolución. Esto impide la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).
Se han expuesto casos específicos como las exenciones judiciales para FERROMEX, declaradas por el Tribunal, que consideran sus inmuebles exentos por estar afectos al servicio público ferroviario. Además, una cuenta de gran adeudo, perteneciente al Gobierno del Estado de Chihuahua en la Reserva Territorial IMSS/Ávalos, se encuentra en proceso de gestiones administrativas para ratificar su estatus de propiedad pública.
Otras cuentas, como las del Ejido Tabalaopa, presentan duplicidad de superficies o segregaciones no actualizadas en el Registro Público, lo que dificulta la inscripción de embargos. El ayuntamiento señaló que, a pesar de realizar 37,260 actos administrativos y campañas de descuento con hasta el 80%, la ASE considera estas acciones insuficientes.
La ASE ha mantenido de forma sistemática sus observaciones desde 2021, determinando un aumento anual del saldo por cobrar del 10.76% en 2022, 19.17% en 2023 y 12.60% en 2024. La tasa de recuperación anual se mantiene baja, entre el 10% y el 12.8%, a pesar de las campañas de descuento y cartas invitación.
Adicionalmente, la ASE señala un incumplimiento normativo al no implementar de manera generalizada el embargo para hacer efectivos los créditos exigibles, contraviniendo artículos del Código Fiscal del Estado. Se previene también el riesgo de prescripción de cobros, recomendando el análisis de cuentas para identificar la caducidad de la facultad de cobro por inactividad municipal y deslindar responsabilidades.
El Ayuntamiento aclaró que el monto del rezago es acumulado desde aproximadamente 1987. La Tesorería Municipal informó que en 2024 se emitieron 37,260 actos administrativos, de los cuales 18,997 determinaron créditos fiscales y 18,263 iniciaron Procedimientos Administrativos de Ejecución (PAE). Estas acciones, según el municipio, permitieron la recuperación de 13,948 cuentas pagadas parcial o totalmente, y mediante estrategias de cobranza persuasiva y beneficios fiscales, se recaudaron cerca de 170.4 millones de pesos.