Productores del estado y regiones vecinas buscan frenar cambios legales que amenazan su patrimonio y control del recurso hídrico.
Distintas agrupaciones agrícolas y representantes de productores en Chihuahua promueven una postura activa frente a una controvertida reforma legal que podría centralizar la gestión del agua y poner en riesgo la continuidad del trabajo en el sector agrícola. El movimiento surge en respuesta a una propuesta legislativa que, según los agricultores, limitan sus derechos y podrían facilitar expropiaciones, al eliminar la posibilidad de heredar concesiones y otorgar un control absoluto a las autoridades en la disponibilidad del recurso.
Para entender el contexto, es importante destacar que Chihuahua es uno de los estados más afectados por la escasez de agua y la gestión desigual de los recursos hídricos en México. La oposición a la reforma se ha fortalecido a través de reuniones tanto en el ámbito estatal como federal, donde productores expresan su preocupación por la posible pérdida de autonomía sobre sus derechos de agua. Además, advierten que, de aprobarse, la nueva ley podría aplicar restricciones severas, incluso en captaciones de agua de lluvia, y hacer ilegal la continuidad de actividades agrícolas tradicionales.
Expertos señalan que el enfoque centralizado propuesto en la reforma podría distorsionar la gobernanza del agua, poniendo en peligro la seguridad del patrimonio de los pequeños agricultores, quienes constituyen la mayoría del sector en la región. La actual ley, consideran, ya cubre las necesidades de los usos urbanos y productivos, y su correcta aplicación debería ser prioritaria. Sin embargo, las autoridades encargadas, como Conagua, enfrentan un déficit en recursos humanos y técnico, con apenas cinco inspectores en todo Chihuahua y miles de trámites pendientes, situación que dificulta una gestión efectiva y transparente.
Por esto, las organizaciones agrícolas unan esfuerzos con productores de Baja California, Sonora y Sinaloa, tratando de coordinar acciones para frenar la aprobación de la reforma y proteger sus derechos. La oposición señala que la ley propuesta también podría acabar con la certeza legal de herencias de concesiones y, en última instancia, abrir la puerta a expropiaciones, afectando la continuidad generacional en las actividades rurales. La prioridad de muchos actores es preservar la gobernanza del agua y garantizar que las leyes existentes sean respetadas y aplicadas con rigor.