La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han sido objeto de acusaciones que involucran al narcotráfico y a la soberanía nacional. Campos fue señalada por la supuesta cooperación no autorizada de la CIA en su estado para desmantelar un laboratorio, mientras que Rocha Moya enfrenta solicitudes de extradición de Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.
Ambos casos presentan una paradoja: la Fiscalía General de la República considera insuficientes las pruebas contra Rocha Moya, mientras que Campos es acusada de violar la soberanía nacional. La injusticia en el tratamiento jurídico de ambos gobernadores parece tener un trasfondo político, ya que las elecciones locales se celebrarán el próximo año.
La respuesta del gobierno federal ante estas acusaciones destaca diferencias en el enfoque hacia ambos gobernadores, sugiriendo una posible manipulación política, especialmente dado que el partido en el poder busca mantener Sinaloa y recuperar Chihuahua. Esta situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad en la administración de justicia y el uso de investigaciones como herramientas políticas.
Rocha Moya ha solicitado licencia para facilitar su investigación, pero la postura en torno a Campos es muy diferente, lo que sugiere que el tratamiento de los casos puede estar influenciado por las lealtades partidarias. La percepción de favoritismo en la intervención de la Fiscalía también resalta la preocupación por la equidad en el proceso judicial.
La confusión entre política y crimen es un peligro latente; todos los gobernadores deben ser tratados sin sesgos ideológicos. La imparcialidad es clave para asegurar que la justicia prevalezca, independientemente de las afiliaciones políticas.
Con información de razon.com.mx