El proyecto insignia de AMLO continuará dependiendo casi por completo de apoyos federales, mientras su rentabilidad y transparencia suscitan dudas.
El Tren Maya, uno de los proyectos más emblemáticos del actual gobierno mexicano, seguirá dependiendo en gran medida de fondos públicos para su operación en 2026. La inversión prevista alcanza los 32 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 96% provendrá de subsidios y apoyos fiscales del Estado. Solo una mínima parte, alrededor de mil 287 millones de pesos, se espera que genere mediante la venta de servicios de pasajeros y carga, unas cifras insuficientes para cubrir costos fundamentales. Además, responsables del proyecto han reconocido que la rentabilidad en transporte de pasajeros no se alcanzará antes de 2030, ya que la recuperación de la infraestructura ferroviaria del Istmo de Tehuantepec será clave para ampliar la operación. La opacidad en los resultados operativos desde marzo de 2025 ha aumentado las inquietudes sobre la gestión y la transparencia del tren, ya que la falta de publicación de datos recientes genera cuestionamientos sobre su estado real y avances. Expertos señalan que este retraso en la comunicación puede ser un indicio de que existan aspectos que el Gobierno prefiera mantener en secreto, pese a las críticas por sobrecostos que elevan el costo total del proyecto a más de 550 mil millones de pesos, con un incremento significativo respecto a la estimación inicial. En este contexto, el Tren Maya sigue siendo una apuesta costosa y de difícil sustentabilidad financiera, cuyo impacto social y económico aún está en evaluación.