La madre lleva meses sin poder ver a su hijo tras una controversia legal y acusaciones falsas, mientras las autoridades enfrentan críticas por su inacción.
Desde abril, Valeria Flores enfrenta una difícil situación que la mantiene alejada de su hijo de ocho años en Chiapas. La causa principal ha sido una omisión en la intervención de la Fiscalía de la Mujer, que, según su relato, favorece a la otra parte en el proceso legal. Todo comenzó cuando su ex pareja, tras engañar al menor y sustraerlo del domicilio familiar, evitó devolverlo, generando un largo acompañamiento jurídico y emocional para la madre.
A pesar de que en septiembre un juez vinculó a proceso al padre por violencia familiar, su libertad y la falta de cumplimiento en la restitución del menor han dividido a la familia y generado preocupación en Valeria respecto a las influencias que el padre podría tener en las instituciones. La situación refleja un patrón de violencia vicaria, donde las amenazas y el control se ejercen a través de los hijos, un fenómeno que ha ido en aumento en distintas regiones del país y que profundiza la vulnerabilidad de muchas madres.
El contexto de estos hechos evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos jurídicos y administrativos en Chiapas para prevenir abusos y garantizar la protección efectiva de las víctimas. La impunidad y la falta de respuesta por parte de las autoridades permiten que casos como el de Valeria se prolonguen y agraven, dejando a muchas madres en una situación de incertidumbre y peligro. La protección infantil y de género requiere una atención especializada y decidida para erradicar prácticas que dañan a las familias y vulneran derechos fundamentales.