Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. - La diputada Marcela Castillo Atristain propone una reforma que impide el registro y acceso a cargos públicos para quienes sean sancionados por cometer violencia política de género contra mujeres. Esta iniciativa debería ayudar a fortalecer la participación política equitativa y proteger a las víctimas.
La propuesta, presentada junto a la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez y otras autoridades electorales, modifica artículos clave de la Constitución y la Ley de Medios de Impugnación en Chiapas. Busca que una resolución firme por violencia política suspenda automáticamente los derechos político-electorales del agresor.
Adicionalmente, se contempla la anulación de elecciones si se demuestra que ocurrió violencia política en el proceso. Como consecuencia, los candidatos o partidos responsables no podrán participar en elecciones extraordinarias convocadas posteriormente.
“Buscamos que ninguna mujer tenga que competir contra quien la ha agredido”, afirmó Castillo Atristain. La propuesta busca cerrar vacíos legales y promueve una democracia más equitativa en la entidad, enfatizando la importancia de un entorno libre de violencia.
Con estas modificaciones legislativas, se espera no solo sancionar las conductas violentas, sino también asegurar una participación política más segura y efectiva para las mujeres en Chiapas.
Con información de chiapas.quadratin.com.mx