La expropiación de 44,4 hectáreas en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo refuerza los avances del proyecto ferroviario en su segundo año de desarrollo.
En una jornada que marca el segundo aniversario del proyecto del Tren Maya, autoridades federales han oficializado la expropiación de terrenos en varias regiones del sureste mexicano, consolidando la infraestructura necesaria para su operación. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró de utilidad pública un total de 26 predios ubicados en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con una superficie conjunta de aproximadamente 44 mil 447 metros cuadrados.
Estos terrenos, distribuidos en municipios clave, incluyen predios en Palenque, Chiapas; en Candelaria y Calakmul, Campeche; así como en Mérida, Izamal, Bacalar, Solidaridad y Othón P. Blanco, en Yucatán y Quintana Roo. La mayor parte corresponde a Campeche, donde se expropiarón 16 terrenos que abarcan todo un tramo importante en ese estado.
El proceso de expropiación, que fue publicado inicialmente en julio de 2025, contempla también las instalaciones y construcciones en los predios, permitiendo a las autoridades federales proceder con la ocupación inmediata. Además, esta medida forma parte de una estrategia para garantizar la infraestructura que fortalecerá la conectividad en la región y potenciará el desarrollo económico y social en la zona maya.
Este avance en las expropiaciones responde a la relevancia del Tren Maya como uno de los proyectos insignia de infraestructura en México, destinado a impulsar el turismo, la movilidad y el comercio en una de las regiones con mayor biodiversidad y riqueza cultural del país. La consolidación de estos tramos facilita la progresiva integración de un corredor ferroviario que ha generado debates sobre su impacto ambiental y social, aspectos que continúan siendo revisados en el contexto del crecimiento del proyecto.
Cabe resaltar que, si bien la expropiación de tierras puede generar controversia, su ejecución responde a la necesidad de acelerar obras claves en un plazo determinado, buscando así cumplimientos en los cronogramas oficiales y la consolidación de una infraestructura que se considera vital para el desarrollo del sureste mexicano.