Transportistas del Sindicato Irrigación acusan a autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte de exigir mordidas de hasta 18 mil pesos, en medio de irregularidades en la región de la Meseta Comiteca Tojolabal.
En Chiapas, transportistas afiliados al Sindicato Irrigación denunciaron que diferentes funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte están participando en actos de extorsión que incluyen cobros ilícitos de hasta 18 mil pesos. La denuncia señala que los delegados del organismo público realizan operativos donde, en lugar de aplicar sanciones legales, cobran estos sobornos en una práctica que califican como corrupción institucional. Esta situación afecta a varios miembros del sindicato, quienes aseguran contar con pruebas para sustentar sus acusaciones y están dispuestos a presentarlas ante las autoridades superiores si así lo requieren.
El contexto de estas denuncias se enmarca en un escenario donde el transporte irregular, como mototaxis y taxis no regularizados, proliferan en varias comunidades de la región, generando un entorno de competencia desleal y riesgo para usuarios. La presencia de unidades que usan el nombre del Sindicato Irrigación sin autorización y sin cumplir con la normativa vigente evidencia una problemática mayor de usurpación de identidad y tráfico ilícito, que requiere atención urgente de las autoridades para garantizar la legalidad y seguridad del servicio público.
Las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte han sido señaladas por estos transportistas como cómplices de las actividades irregulares, lo que ha generado un clamor por acciones contundentes. El sindicato ha anunciado que, ante la falta de respuestas efectivas, llevará las denuncias a instancias legales, con la intención de frenar estas prácticas ilícitas y restablecer el orden en el sector. La situación refleja una problemática compleja donde la corrupción institucional y la informalidad ponen en riesgo la credibilidad del transporte formal en la región.
Este conflicto pone sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones encargadas del transporte en Chiapas. La corrupción en estas áreas no solo impide una correcta regulación, sino que también puede tener consecuencias graves en materia de seguridad y derechos laborales de los transportistas. La denuncia pública busca sensibilizar a las autoridades y promover una revisión exhaustiva de las prácticas en el sector, con miras a garantizar un transporte legal, seguro y justo para los usuarios y los propios operadores.