Propuesta legislativa en la capital intenta reconocer derechos y ofrecer reparación a familiares de personas fallecidas cuya identidad fue omitida en procesos forenses.
La Ciudad de México enfrenta una creciente crisis forense marcada por el aumento en la cantidad de cuerpos no identificados y el sobrecargado sistema de atención en los servicios forenses, lo que ha provocado que numerosos restos sean enviados a fosas comunes sin que se realice la identificación previa. En 2023, más de 150 personas en situación de calle perdieron la vida en la capital, evidenciando la vulnerabilidad social y la insuficiencia de apoyo institucional.
Recientemente, un grupo de legisladores presentó una iniciativa para modificar la Ley de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, buscando garantizar que las familias cuyos seres queridos sean reconocidos tras una exhumación puedan acceder a reparación por negligencias del sistema forense. La propuesta también amplía la definición de familiares, incluyendo a la figura de familia social, y reconoce el impacto emocional, económico y jurídico que enfrentan las víctimas y sus allegados.
Este movimiento legislativo surge en un contexto donde la crisis forense ostenta una grave falta de personal capacitado: actualmente, solo tres arqueólogos especializados atienden todos los casos de identificación en la capital, un número insuficiente para atender la demanda. Aunque ya se han implementado planes como la apertura de fosas en el Panteón Civil de Dolores, los avances siguen siendo limitados ante la magnitud del problema.
El rol de las mujeres en la búsqueda de desaparecidos también es destacado en esta iniciativa. Más del 90% de los colectivos están encabezados por ellas, quienes asumen múltiples cargas sin suficiente respaldo gubernamental, enfrentando un proceso emocional y físico arduo.
La propuesta legislativa busca que, en caso de identificación posterior, las familias puedan exigir reparación del daño, reconociendo además la negligencia institucional que ha contribuido a los recientes agravios. La iniciativa aspira a cerrar una brecha histórica de derechos y promover una cultura de verdad y dignidad para quienes han sido afectados por desapariciones forzadas y errores en la gestión forense.
Este paso legislativo refleja una urgencia por reformar los protocolos existentes, fortalecer el sistema forense y evitar que se repitan casos de doble desaparición, que dejan a las familias en la incertidumbre y el sufrimiento por largos periodos.