Propuestas actuales enfocadas en albergues y atención a adicciones son insuficientes; se demanda un modelo que garantice autonomía y derechos.
En la Ciudad de México, cerca del 80% de las personas en situación de calle se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que refleja un desafío social y de salud pública que demanda respuestas más integrales. Aunque recientes propuestas de ley apuntan a crear albergues especializados y Servicios de atención a la salud mental, expertos señalan que estas medidas permanecen en un enfoque asistencial limitado que no fomenta la autonomía ni la recuperación plena de los derechos fundamentales.
La iniciativa de la administración capitalina prioriza la construcción de espacios de acogida y atención a adicciones, pero críticos advierten que se requiere un modelo que permita a estas personas recuperar su identidad, acceder a servicios de salud, educación y empleo, y fortalecer vínculos familiares o sociales, incluso en contextos de exclusión.
Históricamente, las políticas públicas en México han abordado la población callejera desde un enfoque asistencial, sin ofrecer suficientes oportunidades de integración social. La implementación de una legislación que responsabilice a las alcaldías y garantice derechos universales puede marcar un cambio estructural. La propuesta más reciente se suma a una tendencia global que busca humanizar y dignificar a los colectivos vulnerables, reconociendo su derecho a decidir su propio camino de vida y recuperación.
Este giro en la política social en la capital es relevante, ya que la protección de derechos y la integración social no solo impactan en la calidad de vida de las personas en calle, sino también reducen riesgos de violencia, salud pública y exclusión social a largo plazo.