La documentación de una joven detenida durante una marcha en noviembre fue desestimada por el tribunal, alegando posible alteración digital, mientras su caso genera debate sobre derechos y evidencia.
En un proceso judicial ocurrido en la Ciudad de México, un juez decidió no admitir un video que documentaba la agresión policial a una joven activista durante una marcha en noviembre pasado. La acusada, identificada como Daniela Toussaint, afirmó haber registrado con una pequeña cámara los golpes, amenazas y uso de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas policiales durante su arresto, pero la evidencia fue considerada inviable por el tribunal debido a su posible manipulación mediante inteligencia artificial.
Este fallo generó preocupación entre defensores de derechos humanos, pues impide la valoración de pruebas que podrían demostrar la excesiva fuerza policial y posibles vulneraciones durante las detenciones ocurridas en los disturbios. La joven, originaria de Guadalajara, se encontraba en la capital para documentar la movilización convocada por la llamada Generación Z, en demanda de justicia por casos de violencia y abuso policial. A pesar de la confiscación de su cámara, planea divulgar su grabación de manera independiente y producir una pieza musical que relate su experiencia.
El contexto de la marcha revela un episodio de confrontación entre manifestantes y autoridades, culminado con la detención de varias personas y heridas tanto en civiles como en policías. La fiscalía informó que 18 personas enfrentan cargos, incluyendo tentativa de homicidio y resistencia, pero la validez de las evidencias en estos procesos continúa siendo cuestionada por la ausencia de registros oficiales y la preservación de los derechos de los detenidos. La decisión judicial refleja los desafíos actuales en la procuración de justicia en contextos de protestas y el uso creciente de tecnologías digitales en el ámbito legal.