CIUDAD DE MÉXICO. – Patricia Olivares y otros inquilinos del edificio ubicado en República de Cuba 11 han sido desalojados de sus hogares, tras un proceso legal que, según afirman, estuvo plagado de irregularidades. Los afectados, que vivían en el inmueble por décadas, denuncian haber sido privados de su derecho a ser informados y a una posible compra del departamento.
Olivares, quien residía en el edificio con su esposo, tres hijos (de 4, 6 y 15 años) y su suegra de 91 años, relata que llevan tres meses sin una solución habitacional definitiva. Si bien el gobierno les brinda apoyo de hospedaje y 4,000 pesos, ella enfatiza que la necesidad apremiante es contar con una vivienda propia y digna, no una regalada.
La situación se remonta a hace 10 años, cuando Olivares se mudó con su familia para cuidar de su suegra, quien llevaba aproximadamente 70 años rentando el mismo departamento. “Mis niños chiquitos ahí nacieron”, comenta con nostalgia.
El desalojo, según la versión de los inquilinos, se originó tras la muerte del dueño original, Fernando Adolfo Pérez. A partir de ese momento, el inmueble cambió de propietario en cuatro ocasiones. Durante 25 años, los residentes continuaron pagando la renta a una arrendadora, sin saber que el edificio ya había sido escriturado a nombre de esta en 2017, tras un juicio iniciado en Tizayuca, Hidalgo. Posteriormente, el inmueble fue vendido en tres ocasiones más.
Los inquilinos aseguran que nunca fueron notificados sobre el juicio ni se les ofreció la oportunidad de ejercer su derecho de preferencia para comprar el departamento. “¡Qué más pruebas quieren si todo es ilícito!”, reclama Patricia Olivares, visiblemente afectada.