La justicia federal fortalece las investigaciones y condena a quienes participaron en el atentado contra el periodista en Ciudad de México, en un proceso que sigue revelando detalles del caso.
La Fiscalía General de la República ha logrado que un juez emita una sentencia de 11 años de prisión para Israel “J” y Juan Antonio “C”, quienes fueron hallados responsables de conspirar en un intento de homicidio contra el reconocido periodista Ciro Gómez Leyva. La condena forma parte de un proceso que ha presentado pruebas suficientes para determinar su participación en delitos de homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Reclusorio Norte.
Este fallo se suma a las condenas previamente dictadas, incluyendo la de Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, conocido como ‘El Pool’, quien fue sentenciado a 12 años tras reconocer su culpabilidad en el ataque, que ocurrió a finales de 2022 en la Ciudad de México. Durante su juicio, Gómez Jaramillo afirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ordenó el intento de asesinato, revelando un posible vínculo entre organizaciones criminales y amenazas contra periodistas.
Este atentado ocurrió luego de que el vehículo de Gómez Leyva fuera atacado en la vía pública, cuando varios sujetos abrieron fuego en su dirección. Aunque el periodista resultó ileso, el caso generó alarma social y puso en evidencia la vulnerabilidad de los comunicadores ante organizaciones criminales. La investigación aún continúa, y las autoridades han detenido a otras personas relacionadas en una causa que busca esclarecer completamente quiénes y por qué intentaron silenciar al periodista, cuyo trabajo continúa siendo fundamental para la transparencia y la calidad informativa en el país.
En el contexto de la violencia contra la prensa, estos avances judiciales representan un paso importante en la lucha contra la impunidad, y demuestran el compromiso del Estado mexicano por garantizar la justicia y la protección a los periodistas que enfrentan amenazas derivadas de su labor informativa.