La selección del nuevo titular del organismo ha levantado preocupaciones sobre posibles retrocesos en el acceso a la información y la autonomía institucional en la capital mexicana.
La transformación del órgano dedicado a la transparencia en la Ciudad de México está en marcha, tras la reforma federal que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI). Sus funciones fueron transferidas a la Secretaría de la Función Pública a través del nuevo programa Transparencia para el Pueblo, una dependencia que ha enfrentado críticas por su desempeño en la atención a las solicitudes ciudadanas.
Expertos alertan sobre riesgos potenciales, puesto que a nivel nacional, la organización encargada ha rechazado una elevada proporción de recursos de revisión presentados por la ciudadanía, lo que podría traducirse en un debilitamiento del derecho de acceso a la información en la capital. La elección del próximo director del organismo local también genera inquietudes, dado que el proceso de nombramiento ha estado estrechamente alineado con la propuesta de la jefa de Gobierno, lo que podría limitar la independencia del instituto y favorecer perfiles afines a la administración actual.
Históricamente, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México ha sido reconocido por su efectividad y su sólida imagen a nivel nacional, sirviendo como un referente en la protección del derecho a la información pública. Sin embargo, los analistas advierten que estos cambios podrían significar un retroceso en la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente ante la eventualidad de que entidades públicas o privadas nieguen información o la suministren de manera incompleta.
Por otro lado, la Comisión de Transparencia local ha expuesto que, en preparación para la transición, se ha enfocado en cumplir con las resoluciones pendientes y reforzar las capacidades del personal, con el objetivo de minimizar las afectaciones al acceso a la información durante el cambio de administración. La experiencia de los profesionales en transparencia que laboran en la institución será fundamental para garantizar la continuidad en la protección de derechos en un contexto de transformación institucional.