El incremento en el pasaje inicia una semana y genera un impacto económico mayor al previsto, afectando el bolsillo de miles en la ciudad.
A partir del 1 de noviembre, la tarifa mínima del transporte público concesionado en la Ciudad de México aumentó en 1.50 pesos, alcanzando los 7.50 pesos. Este ajuste, aprobado tras meses de negociaciones, representa un incremento del 25 por ciento respecto a la tarifa anterior de 6 pesos, siendo el mayor aumento en años recientes. Aunque las autoridades señalan que el impacto mensual es de entre 30 y 45 pesos para la mayoría de los usuarios, en la práctica, muchas familias y trabajadores reportan un gasto adicional que supera los 100 pesos mensuales por los desplazamientos diarios necesarios para sus actividades cotidianas.
El aumento fue justificado como una medida necesaria para mejorar la seguridad, comodidad y eficiencia del sistema de transporte, y para garantizar mejores condiciones laborales a los operadores. Sin embargo, la comunidad afectada explica que el aumento impacta considerablemente sus finanzas. Personas dedicadas a actividades informales, como vendedores y empleados de servicios, manifiestan que el alza en tarifas representa un gasto adicional que equivale a un día completo de trabajo o más cada mes. La situación revela la vulnerabilidad económica de quienes dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios y destacan que, en comparación con otras entidades del país, la tarifa en la Ciudad de México sigue siendo de las más bajas, aunque esto no alivia la percepción del peso adicional para quienes viven al día.
Para dialogar con los transportistas, la administración local negoció un incremento menor al pedido original, logrando solo un peso adicional en la tarifa. Los concesionarios consideran que este aumento ayuda a evitar quiebras y mantiene empleos en el sector, además de comprometerse a mejorar el cuidado de las unidades y cumplir con estándares de seguridad. La medida, por tanto, genera una paradoja: mientras las autoridades defienden el ajuste como un paso para mejorar el sistema, los usuarios consumen más recursos económicos, evidenciando la presión constante sobre su economía familiar.