Una queja formal revela presunto cobro de sobornos por parte de policías de investigación a narcomenudistas, aumentando la presión sobre la fiscal Bertha Alcalde.
En la Ciudad de México, la fiscal general Bertha Alcalde Luján enfrenta nuevas controversias tras una denuncia formal presentada el pasado 24 de noviembre de 2025, en la que se acusó a policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia local de participar en actos de corrupción. La denuncia señala que oficiales de la dependencia estarían exigiendo pagos mensuales que oscilan entre 3,000 y 15,000 pesos a vendedores de drogas en lugar de proceder con su detención.
Este caso se suma a una lista de episodios que han puesto en entredicho la eficiencia y transparencia de la fiscalía durante este año, en medio de otros sucesos de alto impacto, como la violencia que ha azotado la zona y hechos relacionados con la delincuencia organizada. La denuncia refleja problemáticas estructurales que afectan la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública en la capital del país.
Es importante contextualizar que estas denuncias ocurren en un panorama donde las instituciones policiales y judiciales enfrentan una creciente demanda de reformas y mayor vigilancia, ante la persistencia de delitos complejos y la percepción ciudadana de impunidad. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado requiere una estrategia integral que garantice la transparencia y la responsabilidad en todos los niveles de autoridad.
Con estos hechos, la figura de Bertha Alcalde se ve sometida a mayor escrutinio, en un escenario donde la credibilidad y el compromiso de la fiscalía con los derechos de los ciudadanos están en juego.