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Baja California

Tijuana presenta proyecto de ingresos 2026 ante Congreso de Baja California

El Ayuntamiento de Tijuana presenta su proyecto de ingresos 2026, con más de 12 mil millones de pesos, sin nuevos impuestos, enfocado en mejorar servicios y seguridad.

Por Redacción1 min de lectura
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El alcalde Ismael Burgueño Ruiz busca aprobar un presupuesto de más de 12 mil millones de pesos, sin nuevos impuestos, tras obras que benefician a la ciudad.

En una sesión realizada ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Baja California, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, presentó el proyecto de Ley de Ingresos 2026, que contempla una partida presupuestaria superior a los 12 mil millones de pesos. La propuesta, que prioriza un enfoque social y responsable fiscalmente, no incluye incrementos en tasas o impuestos nuevos.

Burgueño destacó que durante su primer año de gestión, diversas iniciativas han generado beneficios tangibles para las familias tijuanenses, entre ellas programas de limpieza, salud y seguridad pública. Los avances en proyectos urbanos y de protección civil reflejan un compromiso con el bienestar social y la inversión en infraestructura, mostrando además cómo los recursos contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida de la población.

Momentos de debate en la sesión revelaron que la ciudadanía ha mostrado mayor confianza en el cumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual ha favorecido la recuperación del impuesto predial y el pago de cuotas relacionadas con la seguridad social. También se precisó que la administración local presupuesta casi 400 millones de pesos en seguridad, destinando recursos a patrullas y equipamiento policial.

El proyecto adquiere especial relevancia en un contexto de recuperación económica y social, donde las administraciones buscan mantener una gestión transparente y eficiente. La inversión en servicios públicos, seguridad y protección del medio ambiente confirma un compromiso gubernamental con el desarrollo sostenible y el bienestar ciudadano, en un escenario en el que la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía resulta clave para afrontar retos sociales y económicos.

Además, la propuesta se enmarca en una tendencia de los gobiernos municipales a priorizar la responsabilidad fiscal sin afectar programas sociales, permitiendo así mantener servicios esenciales y promover la inversión en infraestructura y protección civil.

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