Tijuana, Baja California. - Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, han levantado una ola de críticas en la política de Baja California. Torres es señalado por su supuesta colaboración con el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también ha incluido a 21 personas y 25 entidades en esta lista de sanciones.
Las acusaciones indican que Torres, mediante su influencia, facilitó la cobertura de actividades del cártel, lo que le permitió operar sin temor a la intervención de las autoridades. La OFAC ha vinculado a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, con operaciones criminales relacionadas con lavado de dinero a través de empresas. Asimismo, el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, fue incluido por supuestos tratos con criminales.
En respuesta a las acusaciones, Carlos Torres ha negado cualquier vínculo con actividades delictivas y ha expresado su intención de aclarar su situación, alegando que posee el 30% de Vida Orgánica Tijuana. Aseguró que no ha sido llamado a declarar pese a denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025.
La gobernadora Marina del Pilar subrayó que está divorciada de Torres y ordenó una auditoría sobre contratos de empresas mencionadas en las sanciones. Destacó que no aparece en la lista de personas sancionadas y pidió investigar las relaciones institucionales que permitieron al exesposo actuar sin restricciones.
Adicionalmente, se ha revelado que la DEA investiga a dos fiscales mexicanos por supuestos vínculos con el cártel, lo que intensifica la presión sobre la gobernadora y su administración. Las sanciones financieras no equivalen a condenas penales, pero exigen un escrutinio exhaustivo del sistema político ante posibles irregularidades.
Con información de lapalabradelcaribe.com