Ciudad de México, CDMX. - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 21 personas y 25 entidades vinculadas con el Cártel de Sinaloa, lo que involucra directamente al exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Esta acción se dio a conocer el pasado martes, destacando la severidad de la penetración del crimen organizado en la esfera gubernamental de la entidad.
Las sanciones apuntan a Carlos Alberto Torres, quien operó como político del cártel y utilizó su influencia para evitar la intervención de las autoridades en sus actividades ilícitas. Aunque su vínculo con la gobernadora aún no ha sido judicializado, la relación entre ambos, que terminó formalmente en noviembre de 2022, sigue siendo de interés para las investigaciones. En este contexto, el Departamento del Tesoro también señaló que tanto Torres como su hermano, Luis Alfonso Torres, jugaron un papel clave en la corrupción y el lavado de dinero a través de empresas, como Vida Orgánica Tijuana.
Las revelaciones incluyen que la gobernadora se había separado de la empresa involucrada en el lavado de dinero, aunque su nombre estaba registrado hasta septiembre de 2022. La investigación también abarcó a otros individuos, como Rafael Buenrostro Martín, acusado de sobornos y cercanía con el crimen organizado, que podría repercutir en otras figuras políticas en Baja California.
Desde hace más de un año, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha enfrentado dificultades por la administración de Marina del Pilar Ávila, quien ha sido impulsada a colaborar con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, esta cooperación contradice la Ley de Seguridad Nacional, lo que complica aún más la situación política y social en Baja California. Se espera que el seguimiento de las investigaciones en EE.UU. continúe afectando la imagen y la gobernabilidad de la administración estatal.
Con información de diariodechiapas.com