PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA. – Un grupo de aproximadamente 70 residentes de Playas de Rosarito se manifestó este sábado 21 de diciembre de 2025 para expresar su rechazo al incremento del impuesto predial, como parte de la Ley de Ingresos 2026 aprobada por el Congreso de Baja California. Los manifestantes portaban pancartas con consignas como “No al aumento injusto de predial” y “No más abuso”.
Kevin Fernando Peraza Estrada, coordinador de la organización Caminando Juntos Rosarito, convocó a la “desobediencia civil pacífica”, instando a los ciudadanos a no pagar el impuesto predial y otros gravámenes en señal de protesta. La organización planea formar comités para defender a quienes enfrenten sanciones administrativas por negarse a pagar y buscar “voto de castigo” contra los gobiernos actuales.
Adicionalmente, se recolectarán firmas para interponer un recurso de protección de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según Peraza Estrada, la Ley de Ingresos 2026 viola el derecho humano al “mínimo vital” consagrado en el artículo cuarto constitucional y contraviene el artículo 31, que establece las obligaciones de los contribuyentes.
El activista calificó de “insensibles” a los regidores y diputados, argumentando que el aumento del predial “estrangula” la economía familiar, ya afectada por la inflación y el alza en los costos de alimentos, agua y luz. Peraza Estrada también opinó que la postura del diputado de Morena, Fidel Mogollón, quien votó en contra de la iniciativa, respondió a “cálculos políticos” más que a principios.
Por su parte, Itzel Medina Gámez, residente de la colonia Reforma II, señaló un aumento del 398% en el impuesto predial para su zona, a pesar de la falta de servicios básicos como agua potable y drenaje, compromisos que la alcaldesa Rocío Adame Muñoz no ha cumplido. Medina Gámez aclaró que el descontento no es contra un aumento generalizado del predial acorde a la inflación, sino contra la magnitud desproporcionada del incremento establecido en la ley.
La protesta del 21 de diciembre se suma a una manifestación previa ocurrida el 11 de diciembre en la explanada del recinto municipal. Los inconformes consideran que la medida legislativa es “cruel, falto de empatía, de análisis” y que las autoridades minimizan la problemática económica que atraviesan los ciudadanos.