La iniciativa busca fortalecer las acciones legales contra grupos delictivos que ocupan ilegítimamente inmuebles y proteger el patrimonio familiar.
En un esfuerzo por abordar el incremento en el despojo de viviendas en Baja California, una legisladora local presentó una propuesta para modificar el Código Penal del estado con el fin de cerrar vacíos legales que permiten a organizaciones delictivas operar con impunidad. La iniciativa propone reducir de cinco a dos el número de participantes necesarios para considerar un delito en grupo y acortar el tiempo para la recuperación de los inmuebles de 72 a 36 horas, buscando acelerar la protección de las víctimas.
El fenómeno del despojo en esta entidad ha agravado en los últimos años debido a factores como la escasez de vivienda asequible, el abandono de propiedades y la inseguridad. Las cifras oficiales indican que en 2024 se reportaron más de 1,300 casos, y en lo que va de 2025 ya se registran cerca de 900 denuncias, con agosto siendo el mes de mayor incidencia. Diversas zonas urbanas, incluyendo Mexicali, se han visto particularmente afectadas por estas actividades ilícitas.
En el contexto nacional, esta propuesta adquiere relevancia dadas las recientes exhortaciones del Congreso local a la Cámara de Diputados y al Senado para aprobar legislaciones similares. La iniciativa busca fortalecer la protección del patrimonio familiar y garantizar que las víctimas puedan recuperar sus viviendas sin prolongados procesos judiciales. La legisladora subraya que consolidar acciones legales firmes es fundamental para frenar la expansión de estas prácticas criminales y salvaguardar la estabilidad de las familias bajacalifornianas.