Exigen justicia y demandan mayor protección legal para animales tras brutal agresión.
Tijuana, Baja California. Colectivos animalistas convocan a una manifestación pacífica para exigir justicia por el asesinato de un perro identificado como “El Chato”, quien fue víctima de una brutal golpiza en la colonia Otay Jardín. La protesta se llevará a cabo el próximo lunes 12 de enero de 2026, a las 8:30 horas, frente al Tribunal de Oralidad.
El llamado surge tras la audiencia celebrada el pasado jueves 8 de enero, donde el juez de oralidad dictó prisión preventiva contra el presunto agresor, identificado como Carlos ‘N’. La organización Rescue Me Tijuana, en colaboración con Abogados Animalistas México, busca presionar a las autoridades para que el caso no quede impune y se aplique la ley con todo su rigor. La audiencia de vinculación a proceso del imputado se realizará el mismo día de la protesta.
Según informaron los organizadores a través de redes sociales, el acusado fue notificado formalmente del delito el jueves, el cual ocurrió el 27 de diciembre. De ser declarado culpable, Carlos ‘N’ podría enfrentar una pena de hasta dos años de prisión, conforme a la legislación vigente. La comunidad animalista busca visibilizar la violencia ejercida y promover un cambio en la percepción y el tratamiento legal de los animales.
La convocatoria enfatiza la necesidad de una respuesta contundente por parte del sistema judicial y recuerda la importancia de la participación ciudadana para defender los derechos de los seres sintientes. La protesta busca ser un espacio de exigencia pacífica y de unidad para quienes defienden la causa animal.
El caso de “El Chato” resalta la urgencia de fortalecer los marcos legales y de garantizar la aplicación efectiva de las sanciones para quienes cometen actos de crueldad animal. La sociedad mexicana ha mostrado una creciente preocupación por el bienestar animal, lo que se refleja en iniciativas legislativas y en la movilización de la ciudadanía para denunciar y combatir este tipo de actos. La falta de leyes más severas y la lenta respuesta judicial en ocasiones previas han sido puntos recurrentes de crítica por parte de activistas.