La apertura de investigaciones tras la extradición del ex director de Pemex revela posibles vínculos con monopolios del gas controlados por empresarios ligados al régimen previo.
La reciente extradición de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, ha desatado una serie de revelaciones que podrían afectar a importantes actores del sector energético en México. Entre los afectados se encuentra Tomás Zaragoza, conocido como el principal operador del gas en Baja California y otros estados de la región. La investigación sugiere que empresas como Grupo Tomza, del propio Zaragoza, y Zeta Gas del Pacífico, controlada por los hermanos Zaragoza, habrían recibido beneficios y descuentos irregulares por parte de Pemex durante la gestión de Lozoya. Estas prácticas favorecieron la consolidación de monopolios locales, elevando los costos del gas para consumidores y afectando la economía familiar en la zona. La entrada en vigor de la Reforma Energética permitió a compañías como Tomza adquirir embarcaciones costosas para el transporte de gas, consolidando su posición dominante en el mercado del norte del país. La evidencia apunta a una red de complicidades que se remonta a los años previos y que, en el contexto actual, podría desencadenar una revisión exhaustiva de contratos y operaciones que durante décadas favorecieron a este grupo empresarial, en detrimento de la competencia y del interés público. La justicia mexicana considera que las declaraciones de Lozoya pueden destapar una maraña de corrupción que involucra a diversos actores del sector energético y político.