La Fiscalía trabaja en la desarticulación de una red de corrupción que permitió ingresar 120,000 barriles de diésel de manera ilícita en Baja California, en un esquema ligado a altos mandos militares y empresas fachada.
México enfrenta una investigación exhaustiva por parte de las autoridades federales que busca desmantelar una red de corrupción en el puerto de Ensenada, Baja California. La operación irregular involucró a mandos militares, funcionarios aduaneros y empresas privadas que permitieron la descarga y entrada ilegal de aproximadamente 120,000 barriles de diésel en marzo del presente año. La acción fue facilitada mediante la falsificación de registros, clasificando el combustible como productos exentos de impuestos.
Entre las personas implicadas se encuentran oficiales de la Secretaría de Marina, quienes habrían autorizado y gestionado la operación en complicidad con agentes aduanales y representantes de empresas relacionadas. Destacan los nombres de funcionarios como Fidel Murillo Gastélum y Ángel Acevez Hernández, además de personajes vinculados a empresas fantasma que operan en diversos puertos nacionales. La red estaría encabezada por familiares del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, evidenciando la posible participación de elementos con influencias dentro de las instituciones castrenses.
Este caso evidencia la magnitud del problema del huachicol fiscal y el contrabando de combustible en México, un delito que ha causado pérdidas económicas millonarias y ha facilitado la corrupción. La vigilancia en puertos nacionales se ha intensificado, principalmente en regiones estratégicas donde operan organizaciones ligadas al crimen organizado. La relevancia de esta investigación radica en su potencial impacto para reducir la evasión fiscal y fortalecer la supervisión en operaciones portuarias, aspectos fundamentales en la lucha contra la corrupción estructural.
Los cambios en la estrategia de control y la colaboración entre distintas instancias gubernamentales buscan evitar que estas redes continúen operando con impunidad, protegiendo así la economía y la seguridad nacional.