La Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado que cuatro empresas están involucradas en un esquema de huachicol que incluye al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Esta operación criminal abarca la introducción ilegal de gasolina y diésel en el país, una actividad que también ha llevado a la captura de otros involucrados.
Datos clave
- Cuándo: Ejercicio fiscal 2025.
- Dónde: México.
- Quién: Ernesto Ruffo Appel y cuatro empresas.
- Qué: Ilegalidad en la importación de más de 2 mil millones de litros de combustible.
Las investigaciones indican que Ingemar, S.A. de C.V., la empresa donde Ruffo Appel es uno de los accionistas, fue una de las principales entidades en este ciclo delictivo. Se detectó que esta firma introdujo 760 millones de litros de gasolina y más de mil millones de litros de diésel, mucho más de lo autorizado por las autoridades.
Adicionalmente, se identificaron otras tres empresas, Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., y Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., como beneficiarias finales de esta operación ilícita. Estas entidades habrían simulado transacciones para justificar la distribución de los combustibles no declarados.
¿Cómo operaba el esquema de huachicol?
El mecanismo utilizado por este grupo criminal consistía en la introducción irregular de combustibles junto con una serie de operaciones fachada. Estas acciones permitían a las empresas involucradas simular la legalidad de sus actividades y ocultar la ilícita procedencia del combustible.
La investigación destaca que la logística de la operación fue gestionada por varias entidades, cada una con un rol específico. Ingemar y otra empresa llamada Servicios Aduanales JR, funcionaban como instrumentos para facilitar la entrada de grandes cantidades de combustible sin presentar la documentación necesaria a las autoridades.
¿Qué impacto tiene esta investigación?
Este caso se suma a otros esfuerzos gubernamentales por desmantelar estructuras de huachicol en México, destacando la complejidad de las redes empresariales que sostienen estas operaciones. La FGR subraya la necesidad de un seguimiento riguroso de las empresas que participan en el manejo de combustibles, así como de la regulación y vigilancia de sus actividades para evitar la corrupción y el contrabando.
Con el avance de la investigación, se espera que se tomen acciones enérgicas contra los involucrados y que se fortalezcan las políticas de control sobre la importación de hidrocarburos.
Con información de vanguardia.com.mx