Investigaciones revelan conexiones entre empresas estadounidenses, cárteles y autoridades mexicanas en un sofisticado esquema de huachicol fiscal y corrupción.
Recientes investigaciones han puesto al descubierto un complejo esquema de contrabando de combustibles en México, específicamente en la región de Ensenada, Baja California. El centro de esta operación es el buque cisterna Torm Agnes, que partió de Vancouver, Canadá, con una carga de aproximadamente 120,000 barriles de diésel proveniente de Imperial Oil. La carga fue adquirida por la empresa estadounidense Ikon Midstream, que operó el transporte y cargó el buque en el puerto canadiense, con destino al puerto mexicano.
Al llegar a Ensenada en marzo de 2025, el cargamento fue registrado como lubricantes o productos petroquímicos exentos de impuestos, una estrategia empleada para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y los controles fiscales. La carga estaba destinada a la empresa mexicana Intanza, con sede en Monterrey, que las autoridades sospechan funciona como una empresa fachada del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas maniobras reflejan la existencia de una sofisticada red de contrabando que involucra a empresas transnacionales y actores criminales vinculados con estructuras de poder dentro de las fuerzas navales mexicanas.
Este caso es emblemático, ya que evidencia la magnitud del robo de combustibles en México, el cual en la pasada administración superó los 30 mil millones de dólares en pérdidas para la economía nacional. La situación pone en evidencia no solo la complicidad entre diversos actores económicos y delictivos, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en las operaciones marítimas y aduaneras. La presencia de estructuras delincuenciales en la industria energética afecta directamente la seguridad, economía y soberanía del país, y requiere una reacción coordinada para erradicar estas prácticas ilícitas.
La relevancia de este fenómeno radica en comprender cómo estas operaciones se sustentan en redes internacionales y actividades ilegales que vulneran las capacidades de control del Estado mexicano. La lucha contra el huachicol fiscal debe incluir desde acciones de inteligencia y fiscalización, hasta una mayor vigilancia en puertos y plataformas marítimas, para desmantelar los esquemas y reducir su impacto en las finanzas públicas y la seguridad nacional.