Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, enfrenta acusaciones de huachicol fiscal y delincuencia organizada. A sus 73 años, Ruffo, quien fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Altiplano, vinculado a un proceso penal relacionado con una red de contrabando.
Datos clave
- Quién: Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California.
- Qué: Acusado de delincuencia organizada y huachicol fiscal.
- Dónde: En prisión preventiva en el Altiplano, México.
- Cuándo: Acusaciones recientes, con detención al día de hoy.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ruffo estaría involucrado en una red criminal que operaba en el área de hidrocarburos, con un saqueo millonario al erario público. Las acusaciones indican que se aseguraron 15 millones de litros de combustible en Coahuila, además de que se coleta información que sugiere que esta organización llegó a mover cerca de 800 millones de litros en un período de 15 meses.
La opinión pública percibe que la detención de Ruffo se inserta en un contexto más amplio de justicia selectiva. Mientras él es perseguido, otros funcionarios, incluidos miembros del partido Morena, enfrentan acusaciones serias sin la misma presión legal. Esto se hace evidente en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido solicitado por Estados Unidos para su extradición por vínculos con el narcotráfico. A su vez, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta complicaciones con su estatus de visa en Estados Unidos, aunque no ha recibido una explicación clara al respecto.
¿Qué motiva las acusaciones contra Ruffo?
Las acusaciones contra Ernesto Ruffo parecen orquestadas para desviar la atención de problemas urgentes en el país, como la creciente inseguridad en Sinaloa, donde las facciones del Cártel de Sinaloa muestran un conflicto abierto. Asimismo, Baja California enfrenta altos índices de homicidios y un aumento en el cobro de piso, así como una crisis migratoria agudizada por el tráfico de fentanilo.
¿Cuál es la respuesta de la población ante estas acciones?
La sociedad civil ha comenzado a cuestionar la legitimidad de las acusaciones y el enfoque de la justicia mexicana. La detención de un político con una trayectoria intachable en su carrera provocan una revisión crítica de cómo se están llevando a cabo las investigaciones en México.
A medida que el caso avanza, se espera que los organismos de derechos humanos sigan de cerca las implicaciones de su detención y evalúen avances en otros casos que involucran a figuras políticas de distintos partidos.
Con información de vanguardia.com.mx