Tijuana, Baja California. - Empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Mayos, recibieron más de 280 millones de pesos por parte de la Fiscalía, el gobierno estatal y varios ayuntamientos de Baja California. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a estas empresas el pasado 29 de septiembre, señalando su conexión con actividades delictivas en la región.
El empresario Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, mencionado como líder del grupo de empresas sancionadas, se encuentra en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta lista también incluye a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, catalogado como “facilitador político” del Cártel de Sinaloa.
Las empresas implicadas han sido proveedoras de la Fiscalía General del Estado y varios ayuntamientos, todos gobernados por el partido Morena, lo que ha generado controversia y preocupación en torno a la transparencia de su financiamiento. "No ha sido señalada, investigada, procesada ni condenada por delitos relacionados con recursos ilícitos," afirmó Gerardo Abdiel Contreras Hernández, representante de Wermak Publired.
El gobierno de Baja California ha sido acusado de utilizar las participaciones estatales como un mecanismo de presión política hacia los municipios. La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, reveló una reducción del 25% a 30% en las participaciones estatales durante 2025 respecto a su predecesor. Esta situación ha alimentado especulaciones de que las finanzas municipales sirven como un instrumento para castigar administraciones que no se alinean políticamente.
El gobierno estatal ha defendido su gestión, asegurando que todos los apoyos otorgados son debidos y necesarios, con una cifra que supera los 900 millones de pesos en asistencia a Ensenada.
Con información de codigo13parral.com