La protesta busca proteger derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos ante riesgos de mal uso de datos.
Organismos empresariales y de la sociedad civil han presentado un amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esta normativa obliga a los usuarios de telefonía móvil a vincular sus datos biométricos con una identificación oficial, lo que se considera una violación a los derechos humanos.
La Cámara Nacional de Comercio en Tijuana advirtió sobre posibles riesgos derivados del mal uso de datos. Activistas señalan que la reforma, en vigor desde el 9 de enero, podría facilitar el crimen. Además, la falta de seguridad en los sistemas de datos preocupa a los ciudadanos, quienes temen ser víctimas de extorsiones y fraudes.

