Ensenada, Baja California. - Empresarios de Baja California, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hicieron un llamado al Gobierno de México para que respete el Estado de derecho en el proceso legal que enfrenta el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, detenido por supuestos vínculos con la delincuencia organizada y el contrabando de combustible.
Datos clave
- Quién: Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
- Qué: Detención por presunta participación en delitos relacionados con el contrabando de combustible.
- Dónde: Ensenada, Baja California.
Durante la conferencia de prensa, Octavio Sandoval López, presidente del CCE de Baja California, manifestó su inquietud por la forma en que se ha llevado a cabo el proceso en contra de Ruffo Appel. Destacó que la presunción de inocencia y el debido proceso deben ser garantizados para todos los individuos, sin groso de su afiliación política, trayectoria o relación con el gobierno. La exhibición pública de materiales relacionados con la detención, según mencionó, no debería usarse como una forma de anticipar condenas.
Los empresarios hicieron eco de las preocupaciones en torno a la legalidad y transparencia del procedimiento. Se advirtió que un Estado de derecho pierde legitimidad cuando se percibe que su aplicación es selectiva o parcial, instando a las autoridades a actuar con rigor y sin favoritismos.
¿Qué significa para Baja California esta situación?
La detención de Ernesto Ruffo Appel ha generado un ambiente de incertidumbre en el sector empresarial de Baja California. La petición del CCE se enfoca en que todos los ciudadanos deben ser tratados de manera equitativa ante la ley, lo que puede influir directamente en la confianza de inversionistas y en el clima de negocios local.
¿Qué pasos se tomarán a continuación?
El CCE ha instado a las instituciones de procuración de justicia a actuar con responsabilidad y a proporcionar un proceso justo. Se espera que la situación evolucione en los próximos días, y el sector empresarial está atento a asegurar que el respeto al Estado de derecho se mantenga en el centro de cualquier procedimiento legal, especialmente en un período donde la confianza en las instituciones es crucial.
Con información de zetatijuana.com