Mexicali, Baja California. – El Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad, con 21 votos a favor, la iniciativa que establece la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en la entidad. La nueva legislación, que surge de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la Ley General publicada el 28 de noviembre, contempla penas de 15 a 25 años de prisión, las cuales podrían incrementarse hasta más de 42 años en casos agravados. Estos agravantes incluyen la comisión del delito contra comerciantes, migrantes, menores de edad, adultos mayores, mediante violencia física, uso de armas, desde centros penitenciarios o por parte de servidores públicos. Durante la exposición de motivos, el diputado Diego Echavarría Ibarra resaltó la importancia de que el Estado castigue este delito, señalando que a menudo no se denuncia por temor a represalias, citando el caso de la líder de CANAIPESCA, Minerva Pérez. Enfatizó la necesidad de combatir la impunidad y asegurar castigos ejemplares. La diputada Alejandrina Corral señaló que, aunque Morena reconoce la existencia del delito, es crucial que también aborde la participación de servidores públicos en actos de extorsión y cobro de piso. Por su parte, Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la extorsión perjudica a la sociedad y a los pequeños comerciantes, calificando la ley como un avance significativo. Subrayó la importancia de la colaboración entre autoridades locales y la fiscalía para garantizar la persecución efectiva de los delincuentes, incluso cuando se presentan denuncias. Jorge Ramos Hernández añadió que la ley incluirá protocolos de atención a víctimas y capacitaciones para los operadores del número de denuncias 089, con el fin de mejorar la respuesta en llamadas de crisis.
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