Las investigaciones que involucran al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal han generado opiniones encontradas entre los partidos políticos en la entidad. Durante el programa Informe 96 de Cadena IN, diferentes representantes de los partidos Morena, PAN y PRI expresaron sus puntos de vista sobre el caso.
Datos clave
- Investigaciones contra Ernesto Ruffo iniciaron hace más de dos años.
- Gobernadora actual: Marina del Pilar Ávila.
- PAN y PRI coinciden en exigir justicia imparcial.
- Leobardo Rodríguez, de Morena, defiende el proceso judicial vigente.
Los exlegisladores Humberto Aguilar Coronado y Víctor Manuel Giorgana, del PAN y PRI respectivamente, subrayaron la necesidad de que la justicia sea aplicada sin distinciones políticas. Ambos destacaron que la detención de Ruffo se produce en un contexto político complicado, lo que puede influir en las investigaciones. Aguilar Coronado hizo hincapié en que se debe indagar a todos los responsables relacionados con la supervisión de áreas fiscales y aduaneras, enfatizando que un caso de esta magnitud no podría ejecutarse sin la complicidad de funcionarios.
Leobardo Rodríguez, del partido Morena, argumentó que las acusaciones contra Ruffo son resultado de una investigación que data de hace más de dos años, relacionada más con temas empresariales que con su carrera política. “No es una investigación que haya surgido recientemente”, afirmó, sugiriendo que el archivo estaba siendo malinterpretado con tintes políticos.
¿Qué significa para Baja California?
El caso Ruffo podría tener implicaciones significativas para la política en Baja California, dado el contexto de controversias que enfrenta la gobernadora en funciones, Marina del Pilar Ávila. La presión por una investigación transparente y sin sesgos políticos puede influir en la percepción pública y en la estabilidad del gobierno estatal.
¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación?
Las investigaciones continuarán a medida que se profundicen los análisis y se evalúen las evidencias presentadas. Las autoridades competentes tienen la tarea de garantizar que el proceso se desarrolle de manera imparcial, y las posibles decisiones en este caso podrían definirse en los próximos meses.
Con información de intoleranciadiario.com