Mexicali, Baja California. - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 21 individuos y 25 entidades conectadas al Cártel de Sinaloa, incluyendo a personajes cercanos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Esta acción destaca la creciente penetración del crimen organizado en el gobierno estatal, un fenómeno ya documentado en Sinaloa y Oaxaca.
Raymundo Riva Palacio, columnista de opinión, señala que entre los implicados se encuentra Carlos Alberto Torres, exesposo de Ávila, y su hermano Luis Alfonso. El Tesoro indicó que Torres utilizó su influencia política para facilitar las actividades del cártel en Baja California y protegerlo de acciones gubernamentales.
Además, Riva Palacio subraya que la inacción de las autoridades mexicanas contrasta con las investigaciones internacionales. Según el periodista, el Departamento de Estado había cancelado visas a los involucrados en mayo de 2025, pero la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo su respaldo a estos personajes.
Las sanciones también alcanzaron a Vida Orgánica Tijuana, empresa fundada por la mandataria estatal y sus familiares. El columnista señala inconsistencias en la desvinculación de Ávila de la firma, que aún era socia durante periodos de actividades ilícitas.
Riva Palacio detalla la conexión de otros operadores políticos, como Rafael Buenrostro Martín, quien ha mantenido cercanía con la gobernadora. El periodista resalta la creciente tensión entre el gobierno federal y el local, evidenciando la preocupación por la crisis política que arrastra la administración de Ávila.
En respuesta a las sanciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum esquivó directrices en su última conferencia, sugiriendo que el Tesoro de EE. UU. se equivocaba, mientras las evidencias sobre la influencia del crimen organizado en la política mexicana se acumulan.
Con información de informador.mx