El Congreso estatal aprueba cambios legales que refuerzan la protección de menores contra riesgos tecnológicos y el uso de inteligencia artificial.
El Congreso del Estado de Baja California ha aprobado una serie de reformas que buscan fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes ante la creciente incidencia de violencia digital, cibernética y amenazas derivadas del uso de inteligencia artificial. Estas modificaciones en la legislación estatal fueron impulsadas por las diputadas Araceli Geraldo Núñez y Ramón Vázquez Valadez, en respuesta a los riesgos emergentes asociados a la digitalización acelerada.
En las sesiones legislativas, ambas legisladoras resaltaron la necesidad de adaptar las marcos jurídicos para hacer frente a nuevas formas de vulneración de derechos fundamentales, como la privacidad, la imagen y la integridad. La digitalización no solo ha facilitado la exposición a contenidos nocivos o acoso, sino que también ha potenciado la manipulación automatizada de datos personales y la suplantación de identidad, fenómenos que afectan a la población infantil en especial.
Este conjunto de reformas busca cerrar vacíos regulatorios existentes, incorporando la protección digital dentro de los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional para la niñez. La actualización legislativa también responde a lineamientos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consonancia con criterios sobre la prevención de la violencia generada por tecnologías de inteligencia artificial, que cada día representan un riesgo mayor para menores de edad.
La aprobación unánime del dictamen correspondiente a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, articula el reconocimiento del derecho a entornos digitales seguros. El instrumento legal obliga a las autoridades a implementar acciones preventivas, de atención y erradicación frente a estas formas de violencia, garantizando un entorno digital que respete y proteja a la población infantil en Baja California.
Este avance jurídico refleja una tendencia nacional e internacional hacia una mayor responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de la niñez frente a los retos del entorno digital. La creciente presencia de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, exige que las legislaciones se mantengan actualizadas para garantizar que la protección de los derechos humanos sea efectiva en todos los ámbitos.