TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. – Ante el creciente problema de invasiones, prescripciones y despojo de inmuebles, legisladores de Baja California han impulsado reformas para endurecer las penas contra el fraude procesal y la corrupción inmobiliaria. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado anunció la creación de un grupo especial para investigar estos delitos, que en ocasiones se vinculan con crímenes de alto impacto.
A finales de octubre, el Congreso local aprobó una modificación al artículo 325 del Código Penal del Estado. La reforma, derivada de iniciativas de los diputados Diego Echevarría Ibarra y Ramón Vázquez Valadez, sancionará como agravante las maniobras jurídicas fraudulentas que busquen despojar a ciudadanos de sus bienes. Los profesionales del derecho que incurran en estas prácticas, y cuya responsabilidad sea probada, podrían enfrentar la suspensión e inhabilitación para ejercer su profesión hasta por cinco años, además de penas de prisión de uno a seis años.
En el mismo mes, el diputado Jaime Cantón Rocha presentó una propuesta para crear el delito de “corrupción inmobiliaria”. Dicha iniciativa busca sancionar con penas de 10 a 20 años de prisión a abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos que faciliten o toleren el despojo de propiedades, así como a particulares involucrados. La propuesta también contempla duplicar las penalidades existentes para delitos como fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias en casos de despojo.
La fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade, declaró el 2 de diciembre la conformación de un grupo especial para investigar delitos relacionados con la tenencia de la tierra. Señaló que estas acciones se derivan de la vinculación de invasiones y despojos con otros delitos graves como homicidios, secuestros y extorsiones.
La creación de este grupo especial surge ante la patente vulnerabilidad de los ciudadanos comunes. Investigaciones previas de la fiscalía han documentado la participación de grupos delictivos en invasiones, prescripciones y despojos, a menudo aprovechando la ausencia de propietarios o la existencia de herederos en otras ciudades. En algunos casos, los criminales han llegado a ejecutar a los propietarios para apoderarse de sus inmuebles y venderlos.
La comunidad y la sociedad organizada han sido instadas a presionar para que la fiscalía cumpla con la integración y operación efectiva del grupo anunciado. Asimismo, se exige a los legisladores fortalecer la regulación y cerrar los vacíos legales que permiten la corrupción en Registros Públicos y Catastros, consultando con profesionales honestos y colegios de abogados y notarios.