Tijuana, Baja California. - La Fiscalía General del Estado ha acumulado más de 300 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en 2026, un aumento significativo respecto a las 175 reportadas en junio. Las quejas destacan fallas en el acceso a la justicia, incluyendo obstáculos para presentar denuncias y obtener protección adecuada para las víctimas.
El artículo 17 de la Constitución establece que la justicia es un derecho, y el Ministerio Público debe adoptar medidas para facilitar el acceso a la denuncia. Sin embargo, las quejas sugieren que muchas personas han enfrentado dificultades para formalizar sus denuncias, lo que en muchos casos se convierte en una rutina para quienes buscan justicia. Este fenómeno ha llevado a la Comisión a acompañar a ciudadanos en el proceso de denuncia, indicando que la situación ha trascendido lo excepcional.
María Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía, ha sido criticada por su desempeño, especialmente tras recibir numerosas recomendaciones de la Comisión. La autonomía de la Fiscalía es crucial para evitar presiones políticas, pero no debe convertirse en un escudo para la ineficacia. En un reciente informe, se expuso que el compromiso institucional no se refleja en resultados tangibles ante esta creciente acumulación de quejas.
Frente a las dificultades planteadas por la ciudadanía, el Congreso de Baja California enfrenta la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de la Fiscalía. Hay propuestas para reformar la ley y hacer obligatoria la rendición de cuentas en el acceso a la justicia, aunque hasta ahora no se han concretado acciones efectivas.
Las próximas acciones legislativas podrían enfocarse en implementar indicadores sobre el acceso a la justicia en el informe anual de la Fiscalía, con un posible análisis en el próximo periodo de sesiones en 2026. Esto se considera esencial para garantizar que las víctimas reciban la atención que requieren sin enfrentarse a la burocracia que perpetúa la falta de justicia.
Con información de zetatijuana.com