Tijuana, Baja California. – Diversos sectores productivos en Baja California enfrentan una grave vulnerabilidad ante la creciente incidencia de extorsión, cobro de piso y corrupción, lo que obliga a las empresas a destinar recursos significativos para su protección y, en muchos casos, a pagar cuotas a la criminalidad organizada y a funcionarios públicos. La situación ha escalado a tal punto que la inversión en seguridad, ya sea en equipos de vigilancia o personal, se ha vuelto indispensable para la supervivencia de muchos negocios.
Las denuncias ciudadanas son cada vez más frecuentes, involucrando no solo a células delictivas, sino también a elementos de seguridad, inspectores y funcionarios de los distintos niveles de gobierno. Estos individuos, en lugar de servir al ciudadano, se aprovechan de quienes realizan actividades lícitas para obtener beneficios personales, exigiendo pagos por permisos, anuencias o inspecciones.
El sector pesquero, distribuidores y vendedores de mariscos son un claro ejemplo de esta problemática. La cadena productiva completa padece la extorsión, siendo obligados por grupos criminales a comprar a distribuidores específicos o a pagar cuotas por operar en determinados territorios. Paralelamente, la inacción gubernamental, presuntamente por complicidad, permite que empresas operen sin registros adecuados, exacerbando la situación.
Los yonkeros y vendedores de partes de autos usados también han alzado la voz. Se ha documentado el cobro de hasta 650 dólares mensuales por “protección” por parte de un cártel de la droga, generando ganancias ilícitas superiores a los 95 mil dólares al mes solo en este sector. Las autoridades, al argumentar la falta de denuncias formales, han sido criticadas por su inacción ante la reticencia de las víctimas a confiar en las Fiscalías.
Además de la presión criminal, los comerciantes enfrentan la extorsión de servidores públicos. Inspectores municipales o estatales solicitan pagos de entre tres y cuatro mil pesos para evitar clausuras por faltas inexistentes o exageradas. Esta práctica se extiende a la Central de Abastos de Tijuana y otras distribuidoras, donde los comerciantes reciben amenazas de cobro de piso y, posteriormente, son visitados por inspectores municipales.
Tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como las alcaldías son señaladas por su falta de acción para proteger a los comerciantes y garantizar un ambiente de tranquilidad para el desarrollo de sus negocios. La inacción se percibe ante la necesidad de los empresarios de desviar recursos para pagar cuotas al narco y “moches” a los inspectores.
La situación se replica en mercados y locales de Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali, así como en desarrolladores y comerciantes establecidos. Se exige el pago en dólares para la liberación de permisos, incluso cuando se han cumplido todos los requisitos legales y se han pagado los derechos correspondientes.
Los transportistas no escapan a esta realidad, enfrentando extorsión y cobro de piso en carreteras y casetas, como en Tecate. En la entrada de Tijuana, se denuncia la presencia de policías e inspectores que, en lugar de mantener el orden, se dedican a extorsionar a quienes transitan por la zona.
Incluso concesiones para transporte masivo, conductores de Uber, vendedores de comida y tiendas dentro de escuelas deben pagar cuotas o “mordidas” para poder operar o vender sus productos. Recientemente, importadores de pinos navideños han denunciado la extorsión por parte de funcionarios federales, quienes solicitan pagos de entre 300 y 400 dólares para permitir el libre paso de su mercancía.
La condición de inseguridad en Baja California se agrava cuando la amenaza del cobro de piso se suma a la extorsión oficial. La falta de acción por parte de los titulares de los gobiernos y fiscalías, atribuida a incapacidad o complicidad, deja a los sectores productivos en una situación crítica.