El Congresista
Baja California

Acusan al exesposo de la gobernadora de BC de narco-corrupción

El exesposo de la gobernadora Marina del Pilar fue incluido en una lista de FMI por vínculos al Cártel de Sinaloa.

Por Axel Juárez1 min de lectura
Revelaciones del Departamento del Tesoro vinculan a funcionarios de Baja California con el Cártel de Sinaloa.
Revelaciones del Departamento del Tesoro vinculan a funcionarios de Baja California con el Cártel de Sinaloa.
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Tijuana, Baja California. - El exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, fue nombrado en una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. La OFAC incluyó a 21 personas y 25 empresas en esta lista, aunque la gobernadora no figura entre los sancionados.

Carlos Torres, quien fue secretario de la oficina de proyectos especiales de su exesposa, es acusado de facilitar las actividades del narcotraficante Juan José Ponce Félix, conocido como El Ruso, a cambio de pagos de 150 mil dólares mensuales. Estos ingresos eran presuntamente blanqueados por su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, a través de diversas empresas.

El informe de la OFAC destaca que la influencia del crimen organizado llega a las esferas más altas del gobierno estatal. Además, menciona a los hermanos Alfonso y René Arzate García, miembros de Los Mayos, como responsables de actividades delictivas en Tijuana. Entre los implicados también figura Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, quien ha recibido múltiples contratos del gobierno bajacaliforniano y se le relaciona con Fernando Salgado Chávez, señalado como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La controversia rodea a la gobernadora, después de que se revelaran los vínculos de Salgado y Moreno con su administración. Este último se ha beneficiado de contratos millonarios, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de su gobierno.

La situación ha provocado inestabilidad en Baja California. La OFAC ha resaltado el impacto corrosivo de esta corrupción en la gobernanza del país, y ha puesto en la mira a la candidata de Morena a la gubernatura, Julieta Ramírez, cuyo operador de campaña, Rafael Buenrostro, también fue sancionado.

La denuncia plantea serias interrogantes sobre la relación entre el gobierno estatal y el crimen organizado, mientras la gobernadora se mantiene al margen de las acusaciones.

Con información de sonorapresente.com

Nota redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes citadas. Responsabilidad editorial: Redacción de El Congresista. ¿Detectaste un error? Repórtalo.

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