La ley modifica la Constitución estatal para que los ciudadanos puedan solicitar la salida del gobernador mediante un proceso electoral participativo y controlado.
El Congreso de Baja California llevó a cabo una histórica modificación en su marco legal al aprobar por unanimidad una reforma constitucional que incorpora la posibilidad de revocar el mandato del gobernador mediante un proceso ciudadano. Esta decisión responde a una creciente demanda social por fortalecer la participación democrática y ampliar los mecanismos de rendición de cuentas en la administración pública local.
La reforma modificó varios artículos de la Constitución estatal y establece que los habitantes podrán solicitar un proceso de revocación del mandato gubernamental si reúnen al menos el 10% de firmas de la lista nominal, distribuidas en la mitad de los municipios del estado. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Baja California será responsable de verificar los requisitos y convocar la consulta en un plazo máximo de 30 días hábiles. La votación se realizará en una fecha prevista dentro de los 90 días siguientes a la convocatoria, excluyendo los periodos electorales ordinarios.
Para que la revocación sea efectiva, el proceso requiere la participación de al menos el 40% del padrón electoral, y que la mayoría de los votos emitidos sea en favor de la salida del mandatario. El Instituto Electoral ejercerá funciones de organización, conteo y emisión de la declaratoria oficial, con mecanismos de impugnación ante el Tribunal Electoral. La normativa prohibirá el uso de recursos públicos para promover la recolección de firmas o la campaña pro-revocación, garantizando la imparcialidad del proceso.
Es importante señalar que, tras la aprobación en el Congreso, la Legislatura deberá emitir una Ley Reglamentaria para establecer los detalles operativos del mecanismo. La iniciativa de esta reforma fue impulsada por legisladores vinculados a movimientos sociales y organizaciones ciudadanas, quienes consideran que esta medida representa un avance fundamental para fortalecer la democracia en Baja California, brindando a la ciudadanía una herramienta efectiva para evaluar y, en su caso, reemplazar a sus gobernantes en función del cumplimiento de sus responsabilidades.