La auditoría responde a acusaciones de corrupción y problemas de servicios públicos. Manifestantes exigen renuncias en la administración de Miriam Cano.
El gobierno de Baja California realizará una auditoría financiera al Ayuntamiento de San Quintín tras denuncias de corrupción. La acción fue confirmada por el secretario general Alfredo Álvarez, tras una reunión con manifestantes liderados por Gisela Gómez.
Los ciudadanos demandan la renuncia de 11 funcionarios de la administración de Miriam Cano. Para evaluar estas solicitudes, se formó una comisión de cinco regidores que investigará el comportamiento de dichos funcionarios.
Luego de cinco días de protestas y un bloqueo en la carretera Transpeninsular, los manifestantes acordaron un protocolo de apertura temporal para permitir la circulación vehicular. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda visitará la zona la próxima semana para dialogar con los ciudadanos.