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Atención a víctimas de delitos en Baja California Sur alcanzó a más de 1,400 en 2025

La Procuraduría de Baja California Sur atendió a más de 1,400 víctimas en 2025, destacando que el 78% fueron mujeres, en un esfuerzo por brindar justicia y protección.

Por Redacción1 min de lectura
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La Procuraduría General de Justicia del Estado reporta que el 78% de las víctimas atendidas en casi un año son mujeres, reforzando el compromiso institucional con la protección de derechos.

Durante 2025, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur brindó atención integral a un total de 1,412 personas afectadas por delitos, concentrando esfuerzos en la protección y justicia para las víctimas. La mayor parte de los casos atendidos, el 78%, corresponden a mujeres, lo que refleja la importancia de enfocar políticas públicas en la protección de sectores vulnerables.

El trabajo institucional se ha centrado en ofrecer soporte a víctimas de diversos delitos, principalmente violencia familiar, desapariciones y lesiones, problemáticas persistentes en la región que demandan atención especializada. Los pacientes fueron canalizados por personal del Ministerio Público, quien abrió carpetas de investigación en sus casos.

Asimismo, se inscribieron 300 personas en el Registro Nacional de Víctimas, un mecanismo clave para acceder a servicios de asistencia, justicia y reparación del daño en línea con la Ley General de Víctimas. Esto garantiza que los afectados puedan contar con un respaldo institucional que facilite su proceso de recuperación y acompañamiento legal.

Este enfoque integral en la atención a víctimas fortalece la confianza en las instituciones de justicia y refleja una estrategia focalizada en garantizar los derechos fundamentales, además de ofrecer una visión prospectiva sobre la necesidad de ampliar los programas de protección en zonas donde la incidencia de delitos sigue en aumento.

En contexto, la protección a las víctimas de delitos en zonas con alta incidencia de violencia es crucial para el fortalecimiento de la seguridad pública y la cohesión social. La política de atención temprana y especializada se alinea con las recomendaciones nacionales para reducir la impunidad y garantizar derechos humanos en todo el país.

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