El ataque con explosivos lanzados con drones en Tijuana será investigado a nivel federal, tras la decisión de la fiscalía estatal ante crecientes amenazas y daños.
La imputación de la investigación por el reciente ataque con explosivos contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Baja California será gestionada por autoridades federales tras una decisión tomada por la fiscalía local. La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, indicó que, aunque no hay personas detenidas actualmente, ya sostuvieron reuniones con representantes de la Fiscalía General de la República para transferir el expediente sin involucrar el fuero local.
El incidente ocurrió en Tijuana, donde drones equipados con explosivos hechizos fueron utilizados para atacar el estacionamiento de la Unidad Antisecuestros. Afortunadamente, no hubo lesionados, aunque se reportaron daños en cuatro vehículos particulares y en vehículos oficiales. Este evento se produjo después de dos ataques similares en septiembre pasado, que involucraron el incendio de vehículos y daños a infraestructura en Tijuana y Mexicali. Como resultado, se detuvo a siete personas relacionadas con esos hechos, quienes tienen antecedentes delictivos, y se implementaron protocolos de seguridad más estrictos en las instalaciones.
El contexto de estos hechos revela un incremento en las actividades delictivas en Baja California, especialmente relacionadas con la criminalidad organizada que intenta fortalecer su presencia en la región. La fiscalía ha destacado que la región continúa siendo un punto estratégico para los grupos criminales que buscan trasladar drogas y mantener el control sobre sus operaciones, incluso mediante ataques con tecnología moderna como drones. Además, la coordinacion con instituciones de seguridad nacional ha sido clave para reforzar la protección y responder con mayor eficacia ante estas amenazas.
Este tipo de agresiones evidencian la complejidad de la situación de seguridad en Baja California, donde la expansión de la violencia y la disponibilidad de nuevas tecnologías desafían las capacidades de las autoridades locales y federales. La transferencia del caso a instancias federales refleja la gravedad y la necesidad de una respuesta coordinada a nivel nacional para contener estas acciones extremas y proteger tanto a instituciones como a la población.