La nueva regulación de telecomunicaciones suscita protestas por derechos a la privacidad y la seguridad de datos.
El Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes y Ruta Ciudadana presentaron un amparo en Tijuana contra la regulación que obliga a usuarios a entregar datos biométricos para contratar servicios de telefonía. El amparo se presentó en el Juzgado Segundo de Distrito a las 11:00 de la mañana.
Carlos Atilano Peña, presidente del COCI, argumenta que esta normativa viola derechos humanos fundamentales y expone a los ciudadanos a riesgos de seguridad. La reforma, vigente desde el 9 de enero, exige vincular líneas telefónicas a identificaciones biométricas, lo que podría llevar a la cancelación del servicio en caso de negativa.
Se prevé que se amplíen las firmas de apoyo y se solicite la suspensión de la norma mientras se resuelve el juicio.

